Amig@s ,
Hace unos dos años diversas organizaciones iniciamos un camino para lograr que nuestra legislación introdujera las acciones colectivas que
permite a los ciudadanos agruparse para demandar a una empresa o entidad pública por daños que les han causado como consumidores de productos y/o servicios, en la violación de sus derechos humanos, en la contaminación y/o destrucción del medio ambiente, así como en el respeto a su condición de personas con alguna discapacidad, entre otras muchas afectaciones que un grupo de personas pueden sufrir por un tercero. Esta figura existe en muchísimos países de América y el mundo.
En 2007 se presentó una iniciativa y tras meses de discusión el Consejo Coordinador Empresarial se opuso tajantemente presentando una «propuesta alternativa» que en realidad no prevé que las y los ciudadanos contemos con ese derecho. Aprovechando la emergencia sanitaria la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional retrógrada, propuesta por el Consejo Coordinador Empresarial y la envió al Senado para su discusión y en su caso, aprobación, lo que puede ocurrir en cualquier momento.
Por lo anterior convocamos a organizaciones, movimientos y grupos de la sociedad civil organizada y a personas en lo individual a firmar el manifiesto anexo para entregarlo al Senado y presionar a fin de que no se apruebe dicha reforma.
Recibiremos las adhesiones en los siguientes correos:
Alejandro Calvillo
El Poder del Consumidor
elpoderdelconsumidor@gmail.com
Daniel Gershenson
Alconsumidor
alconsumidor@gmail.com
Jesús R. Robles Maloof
ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES, DERECHOS HUMANOS, AMBIENTALISTAS Y DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGEN AL SENADO DETENER INICITIVA DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL CONTRA DERECHOS CIUDADANOS
Aprovechando la emergencia sanitaria, el Consejo Coordinado Empresarial a través de sus aliados en el Poder Legislativo lleva adelante iniciativa “fast-track” de reforma constitucional que atenta contra los Derechos Colectivos.
El Consejo Coordinador Empresarial, aprovechando la emergencia sanitaria que enfrentamos, a través de sus aliados en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que fue aprobada en el pleno, por votación unánime, el 23 de abril pasado, y que otorga el monopolio de las acciones colectivas a PROFECO, la PROFEPA y CONDUSEF, desconociendo este derecho a los ciudadanos y a las organizaciones civiles, e incluso, estableciendo que las acciones colectivas son materia de los jueces federales e impidiendo así que cualquier estado, municipio, o el propio Distrito Federal puedan legislar en la materia. La iniciativa se encuentra ahora en el Senado, y puede ser aprobada en cualquier momento.
Durante más de dos años se llevó un proceso de discusión abierto con la participación de representantes de partidos políticos, expertos internacionales, académicos, magistrados y empresas sobre la necesidad de establecer el derecho constitucional de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil a las acciones colectivas. Incluso se contó con el apoyo explícito del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El derecho a las acciones colectivas existe en la mayor parte de las naciones latinoamericanas, Canadá, Estados Unidos y Europa y está reconocido como una herramienta fundamental para el acceso a la justicia, ya que permite a los ciudadanos agruparse para demandar a una empresa o entidad pública por daños que les han causado como consumidores de productos y/o servicios, en la violación de sus derechos humanos, en la contaminación y/o destrucción del medio ambiente, así como en el respeto a su condición de personas con alguna discapacidad, entre otras muchas afectaciones que un grupo de personas pueden sufrir por un tercero.
La posibilidad y el derecho a demandar en grupo permiten que individuos que no cuenten con recursos para contratar un abogado a efecto de iniciar un proceso judicial, puedan agruparse con otros afectados y hacerlo en grupo. Estos procedimientos garantizan en muchos países que, de ganarse la demanda, el grupo pueda ser compensado no solo en la reparación de los daños sino también con los gastos incurridos durante el proceso. Las acciones colectivas logran establecer un equilibrio más justo frente al inmenso poder de las grandes corporaciones y poderosas empresas estatales y paraestatales.
Desde el principio de este proceso, el Consejo Coordinador Empresarial rechazó tajantemente el derecho a los ciudadanos y las Asociaciones Civiles a promover precisamente este tipo demandas colectivas.
La iniciativa aprobada en “fast track” en la Cámara de Diputados, y que puede ser aprobada de igual manera en la Cámara de Senadores, atenta contra los intereses colectivos de los ciudadanos, reconocidos hace decenios en otras naciones, y tiene el objetivo, entre otros muchos, de impedir que una iniciativa local que se discute en la ALDF, y que sí reconoce a los ciudadanos y organismos de la sociedad civil en la búsqueda de este derecho en el Distrito Federal, tenga efecto..
Denunciamos la responsabilidad de todos los partidos políticos en esta maniobra del Consejo Coordinador Empresarial en contra del avance de los derechos ciudadanos en nuestro país, y que se utilice la emergencia que vivimos como una oportunidad para socavarlos.
Si los partidos políticos y sus legisladores representan, defienden y promueven los intereses privados de las grandes empresas, los ciudadanos no podemos permitirlo. Exigimos que se le ponga freno a la reforma constitucional al artículo 17 constitucional en el Senado, y apoyamos el proyecto por aprobarse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque sus alcances promueven activamente el bien común y el interés público de millones de mexicanos.
ACADEMIA MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS
ALCONSUMIDOR, AC
CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL
EL PODER DEL CONSUMIDOR, AC
JUNTOS PASO A PASO, AC
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS AJUSCO
Comité de Derechos Humanos Ajusco 