Autora: Ana Luisa Nerio Monroy 1
Imagen de UGT
Hablar de suicidio en México es hablar de una herida social que sigue abierta. Las
cifras muestran que los jóvenes, especialmente los hombres, son quienes más se
quitan la vida. La mayoría lo hace en sus hogares y mediante ahorcamiento. Pero
detrás de esas estadísticas hay factores que rara vez se analizan con profundidad:
la violencia laboral y sexual, que minan la dignidad de las personas y ponen en
riesgo su salud mental.
México tiene un marco legal para enfrentar el acoso y hostigamiento sexual en el
trabajo. La Ley Federal del Trabajo lo prohíbe y sanciona, mientras que la NOM-
035-STPS-2018 obliga a identificar y prevenir riesgos psicosociales en los centros
laborales. Además, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta con
un Protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia laboral, que debe
servir de guía a las empresas para establecer sus propios procedimientos.
Esto significa que, en México, las personas víctimas de acoso laboral y sexual no
tienen que renunciar ni abandonar su empleo. Pueden reunir pruebas, elaborar un
informe de incidentes, acudir a apoyo psicológico y denunciar tanto en el ámbito
laboral (empresa, sindicato) como en instancias externas: PROFEDET,
Comisiones de Derechos Humanos, Ministerio Público o INMUJERES. La ley
también establece sanciones económicas a los patrones que toleren o faciliten
estas conductas.
El contraste con Chile es revelador. Allá, la llamada Ley Karin apenas lleva un año
en vigor (el 1ro de agosto se conmemoró el primer año de su implementación). Su
origen fue trágico: el suicidio de Karin Salgado, una joven enfermera, detonó la
exigencia de contar con un protocolo nacional contra el acoso laboral y sexual.
Chile ha avanzado en normar lo que México ya tiene escrito en sus leyes y
protocolos. Sin embargo, hay una diferencia clave: mientras en Chile se reconoce
explícitamente el vínculo entre acoso y salud mental, en México aún falta estudiar
y visibilizar el impacto que el acoso laboral y sexual tiene en el suicidio.
Las estadísticas muestran que los hombres se suicidan más, lo cual se relaciona
con una masculinidad que prohíbe pedir ayuda y fomenta el silencio. Pero con las mujeres ocurre algo diferente: aunque las cifras de suicidio son menores, el acoso
laboral y sexual golpea con fuerza sus vidas y su estabilidad emocional. El
problema es que ese vínculo está poco explorado y muchas veces invisibilizado.
La salud mental es un derecho humano, no un privilegio. México ya tiene leyes,
protocolos y sanciones, pero falta el paso más importante: reconocer que el acoso
laboral y sexual puede empujar a las personas al borde del suicidio. Necesitamos
datos, estudios y, sobre todo, voluntad política para poner este tema en el centro
de la agenda.
Chile avanzó después de una tragedia. México tiene la oportunidad de
adelantarse: de usar su marco legal para prevenir, proteger y garantizar ambientes
laborales libres de violencia, antes de que más vidas se pierdan en silencio.
Porque el derecho a un entorno de trabajo digno y seguro no es opcional: es una
cuestión de vida o muerte.
1 Maestra en RRII por la FCPyS de la UNAM con estudios derechos humanos, no discriminación y género. Tallerista y activista. Autora de “La No Maternidad Elegida. ¡Mujeres que eligen no ser madres y son felices!”, editado por CasaBonsai (2023). Integrante del Consejo Asesor del Comité de Derechos Humanos Ajusco A.C. Opiniones a título personal. IG @nerio_analuisaX:@aluisanerio
Comité de Derechos Humanos Ajusco 